El año 2015 se cumplieron 40 años de la muerte, en el hospital La Paz de Madrid, de Francisco Franco. Su fallecimiento abrió paso a un proceso de reformas políticas –conocido como Transición– que dio como resultado el sistema político que rige hoy la vida política de España. Este proceso político se describe aún como modélico, ejemplo para otras realidades, dirigido por una élite moderna, y pacífico, con una ausencia notable de violencia política. Un modelo que se ha transmitido generacionalmente y que actualmente sigue siendo enseñado y reivindicado
Hoy, 40 años después, la revisión historiográfica realizada sobre el proceso, y en la que actualmente se encuentra enfrascada gran parte de la Academia, ha venido a plantear nuevas variables explicativas que vienen a romper con este modelo impecable. Sabemos ya que el proceso de cambio político estuvo basado en una fuerte incertidumbre, donde el papel del Rey, Juan Carlos I, o del presidente del gobierno desde 1976, Adolfo Suárez, no fue tanto el de estadista sino el de regulador de un proceso con fuertes renuncias. El protagonismo de personajes secundarios o menores, no todos partidarios del proceso, está cada vez más descrito. Además, la explicación de la propia Transición a partir de su resultado: la Constitución de 1978, está cambiando para comenzar a plantear otras salidas no realizadas, ya sea por miedo o por el peso del Estado que siempre tuvo “la sartén por el mango” en la negociación.
La presencia del relato monolítico ha hecho, en cambio, que sepamos poco de otros actores fundamentales: la Iglesia, el poder judicial o policial, el ejército o las instituciones locales. Asumir como cierto que la Transición se hizo pensada, dirigida y organizada ha llevado a olvidar que otros actores tuvieron protagonismo y jugaron sus cartas dentro del proceso.
Por lo que respecta a las instituciones locales, muy pocos españoles y españolas conocen o recuerdan que después de la muerte de Franco el Estado mantuvo en sus cargos a los principales administradores de las localidades nombrados por la administración franquista: concejales, alcaldes, gobernadores civiles o presidentes de Diputación. Ello llevó a la convivencia de las redes y lealtades anteriores en un régimen que se iba transformando, especialmente tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política en diciembre de 1976. Como hemos constatado para el caso de Valencia, las tensiones fueron evidentes y se acrecentaron especialmente tras las elecciones de 1977, las primeras tras 40 años de dictadura.
Explicar, por tanto, el propio control que realizó el Estado del proceso es fundamental. Renovar primero las instituciones locales en procesos electorales abiertos podía suponer un peso notable de la izquierda y de las fuerzas rupturistas que podían dar al traste con el proceso organizado por el centrismo de la UCD. “Primero la reforma, luego los ayuntamientos”, pasó a ser una de las escasas hojas de ruta del gobierno central, lo que llevó a no pocas desavenencias y presiones. Muchos alcaldes o presidentes de Diputación renunciaron a sus cargos, otros se enrocaron en sus perspectivas inmovilistas o aprovecharon su cargo para organizar políticamente una oposición regionalista a los gobiernos preautonómicos.
Los ayuntamientos, principal referencia política de la ciudadanía, no se transformaron políticamente hasta 1979, con las elecciones de abril de ese mismo año y que dieron como resultado un triunfo de la izquierda en las principales ciudades del país. Una nueva élite emergió con fuerza y ocupó el protagonismo del proceso con nombres como los de Tierno Galván o Narcís Serra. Las nuevas políticas de los principales consistorios arrastraron una deuda considerable, herencia de las administraciones anteriores, pero adoptaron ejes novedosos como los cambios en la planificación urbanística, el impulso a los órganos de participación ciudadana o nuevas políticas sociales y culturales. Con la renovación en las instituciones más próximas a los ciudadanos se completaba el programa de reformas iniciado en 1976 y se ponía en práctica, desde lo próximo, el lenguaje democrático de la Transición.
También es cierto que las nuevas instituciones locales tuvieron que hacer frente a problemas heredados y nuevos, gestionar lo local no era fácil y mucho menos después de la larga etapa de opacidad anterior. Ello llevó a que muchas de las promesas lanzadas antes de 1979 nunca pudieran realizarse, y el inicio de un cierto desencanto ciudadano no tardase en llegar.
Con la recuperación del papel institucional anterior queremos subrayar la importancia por restaurar un relato completo de la Transición rico en matices por su multitud de ángulos ciegos no narrados. El proceso político que hoy seguimos contando, enseñando en nuestras escuelas y reivindicando desde la cultura y la política está muy alejado de la idea convulsa, conflictiva, no lineal y llena de matices que encierra el proceso democratizador español. En nuestra mano está reivindicar un estudio diferente del proceso. La democracia no se logró en una hora, su pervivencia y supervivencia en nuestra realidad política es responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Para mayor información:
COLOMER, J.C. Gobernar la ciudad. Alcaldes y poder local en Valencia. (1958–1979), Universitat de València, 2014. Tesis doctoral disponible en <http://roderic.uv.es/handle/10550/36974>.
Juan Carlos Colomer Rubio es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universitat de València.
Ficha bibliográfica:
COLOMER, Juan Carlos. ¿Qué Transición contar? ¿Qué Transición enseñar? GeocritiQ. 20 de marzo de 2016, nº 210. [ISSN: 2385–5096]. <http://www.geocritiq.com/2016/03/que-transicion-contar-que-transicion-ensenar>
